Casanare al día

Presuntas irregularidades en CAPRESOCA EPS generan alarma en Casanare

En los últimos años, la crisis del sistema de salud en Colombia ha cobrado mayor relevancia en el debate nacional. Desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, han surgido múltiples interrogantes sobre la viabilidad del modelo vigente, con críticas que señalan problemas estructurales como la ineficiencia en la atención médica, las dificultades de acceso al sistema, el desvío de los recursos y la falta de transparencia en la administración de estos fondos. Recientemente, este último aspecto ha cobrado especial importancia debido a las denuncias realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, que han revelado posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención médica de millones de colombianos por parte de diversas EPS.

Los suscritos, en representación de la comunidad usuaria del sistema de salud en el departamento de Casanare, manifestamos nuestra profunda preocupación por el presunto mal uso de los recursos destinados a la atención en salud, situación que estaría afectando de manera directa la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

Mediante el comunicado de prensa número 040 del 15 de noviembre de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud dio nombramiento a la señora BETTY CECILIA ANAYA NIETO, quien fue nombrada como interventora de CAPRESOCA EPS. Quien, desde el comienzo de su gestión, está haciendo negociados con el dinero que corresponde a la salud de los casanareños, y se sabe que ha tenido acercamientos para contratar a la empresa SYD (Suministros y Dotaciones), quien se ha caracterizado por prestar un pésimo servicio en la entrega de medicamentos en diferentes regiones del país. SYD corresponde a una empresa de la Costa, quien estaría detrás de estos dineros para realizar la captura y el usufructo ilegal de ellos. La señora Betty ha trabajado en otras oportunidades con esta empresa y pretende robarse los recursos a través de su negociado con esta empresa. Le pedimos a la comunidad que esté alerta ante estos movimientos y a las autoridades para que no permitan que empresas como esta, de la mano de los negociados, se apropien del dinero correspondiente a los medicamentos de los casanareños.

Solicitamos respetuosamente:

Que se investiguen de manera inmediata y exhaustiva los hechos aquí expuestos, con el fin de esclarecer si existen irregularidades en los procesos de contratación y prestación de servicios farmacéuticos.
Que se garantice la protección de los derechos en salud de toda la población casanareña, velando porque los recursos públicos sean utilizados de manera transparente, eficiente y orientada al beneficio de los usuarios.
Que se adopten las medidas correctivas necesarias para asegurar que los proveedores asignados cumplan plenamente con los estándares de calidad, oportunidad y continuidad en la entrega de medicamentos.
Que se restablezca, vigile y asegure la adecuada operación de los servicios farmacéuticos, evitando cierres injustificados o interrupciones en la atención.

Nuestro interés es que se tomen acciones inmediatas para evitar que estas presuntas prácticas continúen afectando a miles de usuarios que dependen diariamente del sistema de salud para mantener su bienestar y su vida.

Además, recordamos que estos son recursos públicos, pertenecen a la ciudadanía, a los casanareños, y no pueden usarse para hacer negocios con dinero destinado exclusivamente a garantizar medicamentos y servicios de salud. Si la interventora está favoreciendo a una empresa que ha salido de otras EPS por pésimos servicios, esto debe investigarse de manera urgente, porque de ser cierto pone en peligro la salud y la vida de toda la población del departamento.

Todos estos escándalos surgen en medio del debate que se desarrolla actualmente en el Congreso sobre la reforma a la salud. La aprobación de este proyecto y los beneficios que podría generar siguen siendo inciertos. Sin embargo, queda claro que es fundamental que las autoridades continúen investigando y sancionando las irregularidades descubiertas dentro del sistema de salud colombiano, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio y la protección del derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos.

No puede ser que nuestro departamento siga siendo vandalizado por agentes que llegan de otros territorios (como es el caso de la doctora Betty Cecilia) a depredar los recursos de la salud, del mismo modo que lo ha hecho la empresa S y D, con sede en la Costa Atlántica y múltiples antecedentes por malas prácticas.

Por ello, rogamos la intervención inmediata de:

La Superintendencia Nacional de Salud
La Procuraduría General de la Nación
Los organismos de control competentes

Para evitar que continúe el robo, el abuso y el uso indebido de los recursos destinados a proteger la salud de los casanareños.

Atentamente,

Comunidad usuaria de CAPRESOCA EPS

Departamento de Casanare